La Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio de los Problemas de las Adicciones aprobó este miércoles una proposición no de ley para la implantación de un sistema de verificación de edad en todas las páginas web de juegos de azar, auspiciada por el Grupo Parlamentario Socialista. Además salió adelante otra presentada por el Grupo Parlamentario Popular para potenciar la prevención, la detección precoz y el abordaje integral de las adicciones al juego con dinero, el uso de Internet y los videojuegos en la próxima Estrategia Nacional sobre Adicciones.

Por lo que respecta a la primera, la proposición no de ley insta al Gobierno a exigir el refuerzo de los sistemas de verificación de la edad de los usuarios que acceden a páginas de juegos de azar en línea, mediante sistemas “seguros, transparentes y fiables, debidamente homologados y con plenas garantías de protección de sus datos personales”.

En defensa de la proposición no de ley, la socialista Caridad Rives llamó a “evitar” que el juego patológico se convierta en una “pandemia” entre los jóvenes y advirtió de que el juego online en jóvenes “empieza a mostrar tendencias preocupantes”, convencida de que, “sobre todo” las apuestas “se están convirtiendo en un hábito insano en jóvenes”. Tras puntualizar que en la población de estudiantes de entre 14 y 18 años la prevalencia del juego con dinero online en los últimos 12 meses había pasado desde un 9,4% a un 10,7% desde 2021 a 2023, explicó que, durante el pasado ejercicio, respecto al juego con dinero online en primer lugar se situaban los videojuegos, con un 51,5% de los jóvenes que reconocían haber jugado con dinero, seguidos de las apuestas deportivas, con un 35,2% y, a continuación, las criptomonedas, con un con un 26,8%. Junto a ello, subrayó que las cajas botín, por su naturaleza y diseño, supone en ocasiones el “primer contacto” de los jóvenes con el juego con dinero lo que, a su juicio, puede suponer una “normalización de conductas”. En este contexto, el uso de verificadores de edad en páginas de juego online implicaría, a su entender, un “pequeño paso que permitirá avanzar en un entorno digital más seguro y saludable”.

El PP presentó una enmienda, que fue admitida e incorporada a una transaccional y en cuya defensa el ‘popular’ Pedro Samuel Martín reclamó reclamó que, en la implementación de dicho sistema, el Ejecutivo central “vaya de la mano” de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos y en “coordinación” con los afectados, los profesionales sanitarios y del ámbito social y las empresas del sector. Por su parte el PP afeó que la iniciativa es “ambigua” y no tiene “objetivos claros” y se mostró “convencido” de que “ha de ser obligatorio” poner en marcha el sistema propuesto “especialmente en lo relativo a menores de edad” y que sea “seguro, transparente, fiable, debidamente homologados y con plenas garantías en la gestión de datos personales”, algo que consideró “necesario y urgente” teniendo en cuenta, además, el “impacto” de las redes sociales y los algoritmos en la salud mental de esta población vulnerable. Desde Sumar, Rafael Cofiño, que votó a favor, hizo hincapié en que el pasado mes de diciembre la Agencia Española de Protección de Datos presentó un sistema de verificación de edad para proteger a los menores de edad ante el acceso a contenidos adultos en Internet, que, según su punto de vista, “demostraba” que es “posible técnicamente” poner en marcha un sistema de verificación de edad “efectivo que proteja y garantice una navegación anónima al mismo tiempo que impide a los menores acceder a contenido indebido”. Por Vox, Francisco José Alcaraz, que votó en contra, criticó que la “vaga” propuesta “no detalla cómo se garantizará su eficacia” y estimó “crucial” que el futuro sistema “sea robusto y difícil de eludir por los menores”, al tiempo que demandó un “enfoque más amplio” que incluya información sobre adicción al juego y otras adicciones tecnológicas.

Estrategia nacional sobre adicciones/p>

Por lo que se refiere a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, urge al Ejecutivo a “materializar”, desde el “consenso real” con las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los entes locales, así como desde la “coordinación plena” con los representantes de los profesionales sanitarios y del ámbito social, las actuaciones “que resulten necesarias” para que la próxima Estrategia Nacional sobre Adicciones, que deberá ser presentada antes de que concluya el año, “potencie” la “prevención, detección precoz y abordaje integral” de las adicciones al juego con dinero, al uso de Internet y a los videojuegos. “Todas las actuaciones que promueva el Gobierno en tal sentido tendrán un enfoque transversal -salud pública, social, educativo-; serán dotadas con todos los recursos humanos, económicos y tecnológicos-materiales que sean necesarios, y se fundamentarán en la evidencia científica, en buenas prácticas y en experiencias de éxito», según el texto aprobado.

En defensa de la iniciativa, la ‘popular’ Elena Castillo aseveró que se trataba de una proposición no de ley que “urge” aprobar y afirmó que es “fundamental” que el gobierno “cumpla sus promesas y tome medidas concretas” para “proteger” a los jóvenes en este ámbito. En este contexto, detalló que la iniciativa “exige” al Ejecutivo que se “ponga de acuerdo” para articular una nueva estrategia que “luche contra las adicciones digitales y proteja a los jóvenes”. A este respecto, destacó la “necesidad” de poner en marcha una “hoja de ruta” que contemple “todos los desafíos que supone el entorno digital”, siempre trabajando con familias, sector educativo y tecnológico, profesionales médicos e industria digital y pidió al gobierno que “aclare” la “situación” en la que se encuentra dicha estrategia, anunciada por Pedro Sánchez y que, en caso de que ya la tenga ultimada, la “haga efectiva a partir de enero”.

En defensa de la enmienda presentada, que fue rechazada, el portavoz de Vox en la comisión, Francisco José Alcaraz, demandó el aumento de expertos en salud mental, así como un sistema de alerta temprana y puntualizó que contar con un plan de financiación es “esencial para asegurar la viabilidad de la respuesta”. Castillo confirmó que el PP no aceptaría la enmienda al entender que resulta “fundamental respetar el criterio de los profesionales” que integran el comité de 50 expertos encargados de proteger a los menores de los riesgos de la tecnología y dijo “confiar” en que “hagan un buen diagnóstico y propongan medidas correctoras para los indicadores que no son óptimos en determinados campos”. Desde el PSOE, Rafael Rodríguez se preguntó irónicamente que “cómo no van a estar de acuerdo” los socialistas con la proposición no de ley del PP si “todo eso lo está haciendo el Plan Nacional Sobre Drogas” y que “trae a colación justamente lo que está haciendo” dicho plan. Por último, desde Sumar, Rafael Cofiño, que anunció su voto a favor, incidió en el “valor indudable” de las herramientas actuales, si bien admitió que “no podemos escatimar esfuerzos” en la prevención de estas adicciones, al tiempo que, entre otras acciones, llamó a establecer “espacios y entornos q protejan a la población” en esta área.