El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado que, tras un «largo recorrido», el Ayuntamiento de la Xunta ha aprobado hoy el proyecto de Ley reguladora de los juegos de Galicia que, según ha destacado, «busca garantizar un ejercicio responsable y cuidar de los más personas más vulnerables». Rueda explicó que la normativa «tenía mucho tiempo, más de 30 años, y por eso necesitaba una adaptación a los tiempos que corren». “Ha cambiado la vida en general y han cambiado los hábitos”, argumentó en apoyo a la puesta en marcha de esta nueva normativa, que ahora iniciará el trámite parlamentario para su aprobación con el objetivo de que entre en vigor, según dijo, el próximo año.

El presidente del Ejecutivo gallego destacó que el texto entrará en trámite parlamentario tras un proceso de redacción, fruto de «un largo proceso de diálogo» entre el Gobierno gallego y todos los grupos implicados. Por ello, se creó un grupo de trabajo de juego responsable en el que participaron todos los sectores del juego; la administración autonómica en las áreas de salud, educación, política social y emergencias; la universidad y las asociaciones para luchar contra el juego. Además, se siguieron las recomendaciones de profesionales conocedores de las adicciones.

Con el objetivo de dar respuesta a los cambios en el juego de los últimos años, la Xunta ha realizado varias modificaciones a la ley actual, pero con la nueva norma se ofrecerá un nuevo marco legal, situando a Galicia a la vanguardia de la legislación española en esta materia. La actividad de juego tiene características intrínsecas que requieren la intervención de la Administración para dar seguridad, garantizar la protección de los menores y de las personas que lo necesiten por motivos de salud y velar por el orden público. En esta línea, se creará el Observatorio Gallego del Juego como órgano colegiado encargado del estudio, evaluación y seguimiento de las políticas de juego. De esta forma, se fija un límite en el número de establecimientos que se pueden instalar en la comunidad hasta un máximo de 2 casinos y 2 salas adicionales, 12 bingos, 118 salas de juego y 41 locales de apuestas. Actualmente existen 114 salas de juego, 33 casas de apuestas, 2 casinos y 1 sala adicional y 10 bingos. En todos los casos, según Calvo, la duración fijada para todas las autorizaciones, que hasta ahora era indefinida, será de 15 años. Otras restricciones incluyen la prohibición del otorgamiento de préstamos o créditos a los usuarios de los juegos, bonos, juegos gratis o cualquier artículo que pueda ser canjeado por dinero. El número total de autorizaciones de máquinas auxiliares de apuestas en estas localidades no podrá exceder de 3.600 en toda Galicia. El número de autorizaciones para la explotación de máquinas de tipo B está limitado en la comunidad a un máximo de 12.000. Junto a este número máximo de autorizaciones, se prevé su retirada de forma progresiva a medida que vayan pasando por la extinción definitiva. Estos comercios estarán obligados a instalar un dispositivo que impida el juego de los menores en las máquinas auxiliares de apuestas. Todos los establecimientos de juego -casinos, bingos, salas de juego y casas de apuestas- están obligados a disponer de un control de acceso para impedir la entrada de menores y personas que se inscriban voluntariamente en el Registro de Prohibiciones. Los menores de edad y las personas que tengan reducidas sus capacidades o estén legal o judicialmente incapacitados, así como las personas con problemas de adicción al juego o con riesgo de padecerlo, tendrán prohibida la práctica y la entrada a los establecimientos de juego. Los casinos y salas de bingo también requerirán registro de admisión.

El Registro de Personas Prohibidas incluye a las personas físicas que lo soliciten voluntariamente para ejercer su derecho a que se les prohíba participar en actividades de juego y entrar en todos los establecimientos de juego de Galicia. También se incluyen en el registro las personas que, por orden judicial, tengan limitado el acceso a las actividades de juego o las personas con discapacidad sujetas a medidas de apoyo que afecten a su libre participación en los juegos y apuestas. Cabe aclarar que la Xunta solo puede regular el juego presencial, ya que el juego online es competencia estatal. Por tanto, la norma no puede prohibir la publicidad de los juegos de azar online. Hasta la aprobación del desarrollo reglamentario, sólo se permite la publicidad en prensa escrita y de los aspectos básicos del juego sin ningún otro mensaje que pueda incitar al juego. Diego Calvo también destacó que en la nueva ley se prohibirá la apertura de establecimientos de juego a una distancia inferior a 300 metros de los centros educativos de menores y de los centros oficiales de rehabilitación de jugadores patológicos, y a la misma distancia de cualquier otro local de juego. Además, las distancias se medirán de forma radial, por lo que se amplían respecto a los 150 metros lineales actuales.

El Patronato desarrollará actividades de prevención del juego dirigidas a la población en general y adoptará medidas para desalentar hábitos y conductas patológicas relacionadas con el juego, con especial atención a los sectores sociales más vulnerables. Las acciones preventivas estarán encaminadas a la sensibilización, información y difusión de las buenas prácticas de juego y de los posibles efectos que puede producir una práctica de juego inadecuada.

Sanciones y entrada en vigor

El vicepresidente también ha añadido que las infracciones de las medidas recogidas en el texto conllevarán sanciones administrativas de entre 100 y 100.000 euros según se trate de casos muy graves, graves o leves. En las más graves, según precisó, serán de 18.001 a 100.000, aunque apuntó que el límite máximo será de 600.000 euros.

Además, informó que en casos graves y muy graves se pueden tomar medidas como la suspensión de la autorización de la actividad o explotación para máquinas de juego, el cierre del establecimiento, la inhabilitación temporal o el decomiso de las máquinas sujetas a la infracción. En todos los casos el plazo máximo de estas medidas será de dos años.

Por otra parte, se prevé un plazo de dos años para que las empresas de juego adapten las máquinas recreativas de azar, las apuestas y los establecimientos a lo dispuesto en la ley, manteniendo la normativa vigente hasta su entrada en vigor. En el caso de la instalación de máquinas B y de apuestas en establecimientos de hostelería, el plazo es de un año antes de que pierdan su autorización y ya no puedan instalarse.