El Consejo de Ministros aprobó este martes una modificación de la Ley de regulación del juego que, entre otras medidas, refuerza el control sobre la manipulación de competiciones deportivas y el fraude en las apuestas, al entender que se trata de un fenómeno que “atenta” contra los “valores esenciales” del deporte y “aleja de su entorno a aficionados y seguidores”.

Así lo acordó en su última reunión, en la que se dio luz verde a la inclusión de una disposición adicional al texto original relativa al Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (Sigma) en la que se establece que, para impedir que se “obstaculicen” las investigaciones de este servicio, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) «restringirá” los derechos de “acceso, rectificación, limitación, supresión, oposición y portabilidad respecto al tratamiento de datos” en el mismo.

El objetivo del anteproyecto de ley es dar una respuesta “técnica, coordinada e integral” frente a este tipo de prácticas “fraudulentas” que, según el Ministerio de Consumo, “pueden derivar en procedimientos administrativos o penales”. El departamento de Alberto Garzón puntualizó que Sigma es un instrumento técnico que se constituye como una red de cooperación interactiva gestionada por la DGOJ y que es accesible por vía telemática para las entidades participantes que se hayan adherido a dicho servicio, entre las que destacó las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las ligas profesionales y los operadores de juego con título habilitante.

Asimismo, agregó que, mediante este instrumento, se recopilará la información que cualquier entidad participante pueda transmitir sobre “posibles fraudes o amaños” relacionados con las apuestas deportivas de las que tengan conocimiento. El objetivo es que el resto de miembros del sistema tenga “constancia” de esa información, mediante un acceso “limitado” a la misma, y pueda utilizarla para comprobar las implicaciones del posible fraude cometido en su “específico” ámbito de actuación.

Con esta modificación, el Ministerio de Consumo dota con rango de ley a este instrumento y “fortalece” los instrumentos de la DGOJ “a favor del juego seguro y en contra de los amaños y fraudes en las apuestas”, según el gabinete de Garzón.

Si, como consecuencia del tratamiento de los datos personales en el Sigma, se incoara un procedimiento administrativo o penal, “deberá cumplirse con el deber de información en los términos previstos tanto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o, en su caso, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.