El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de este martes el real decreto que refuerza la protección de los jugadores más vulnerables y obliga a los operadores a crear entornos de juego más seguros, estableciendo multas de hasta 50 millones de euros y la pérdida de la licencia para los que lo incumplan. Una de las poblaciones diana del real decreto son los jóvenes de entre 18 y 25 años, si bien la norma también reforzará la protección de otros perfiles vulnerables, como es el caso de quienes ya tienen comportamientos de juego intensivo o de riesgo.

Como regla general, se considerará que están en la categoría de juego intensivo las personas que acumulen pérdidas netas iguales o superiores a 600 euros y 200 euros en el caso de los menores de 25 años en un plazo de tres semanas seguidas. También forman parte del colectivo de especial protección y vulnerabilidad de la nueva norma quienes han solicitado restricción en el acceso a su cuenta de juego (autoexcluidos) y quienes se han inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (autoprohibidos), aunque el real decreto contempla medidas de protección general para los jugadores en sentido amplio, con independencia del riesgo de sus comportamientos de juego. Decreto de juego seguro.

Entre las nuevas obligaciones de los operadores para proteger a las personas vulnerables. Consumo destacó la remisión de un mensaje específico que “alerte de la conducta de riesgo detectada o el envío de un resumen mensual de su actividad de juegos. Además, los jugadores en situación de riesgo no podrán utilizar tarjetas de crédito mientras mantengan esa dinámica y solo podrán usar medios de pago nominativos y de su titularidad. En paralelo, a los jugadores vulnerables también se les excluirá de actividades de promoción y de la lista de clientes privilegiados, esto es, ya no se les podrán ofrecer condiciones mejoradas o más ventajosas para fomentar su nivel de juego. Junto a ello, los operadores pondrán en marcha medidas de refuerzo para los jugadores vulnerables, como fijar una interacción específica con ellos y conseguir su respuesta en un plazo máximo de 72 horas. En caso de que no haya respuesta por parte de los jugadores con comportamiento de riesgo, el operador deberá suspender la cuenta.

Por otro lado, las empresas tendrán prohibido enviar a los jóvenes de entre 18 y 25 años actividades promocionales cuyo objeto sea ajeno a la actividad de juego desarrollada en la web o plataforma, como invitaciones a partidos o entradas para espectáculos, y tampoco podrán incluirlos en programas vip de fidelización.

Las empresas también tendrán que suscribirse al servicio de alerta antiphishing de la Dirección General de Ordenación del Juego para controlar que las personas con conductas de riesgo no vuelvan a jugar suplantando la identidad de otro jugador y, con carácter general para todos los participantes en juegos de azar y apuestas, tendrán que incluir en sus webs y aplicaciones información sobre la prohibición de jugar a menores de edad, los posibles riesgos de esta actividad, los trastornos asociados y cómo obtener asistencia al respecto y deberán ofrecer un servicio telefónico de asistencia y ayuda para comportamientos de riesgo, que no podrá ser de tarificación especial, además de formar específicamente a una persona que supervise las medidas de protección de jugadores. Además, tampoco podrán emitir mensajes como casi acertaste o estuviste cerca para propiciar una nueva apuesta o juego al terminar una partida, y para que los jugadores sean conscientes de cómo están jugando y gastando, tendrán que enviarles informes mensuales sobre sus patrones de juego. Otra novedad es que las personas que inicien sesión para jugar a los denominados juegos de lotería instantánea o presorteada deberán establecer de antemano el tiempo máximo y la cuantía a jugar, sin posibilidad de ser modificada durante el transcurso de la misma. Decreto de juego seguro.

El incumplimiento de las medidas contempladas en el real decreto serán objeto de sanción por parte del Ministerio de Consumo y, para las infracciones muy graves, las sanciones ascienden hasta los 50 millones de euros y pueden llevar aparejada la pérdida de la licencia de juego, mientras que para las consideradas graves las multas se elevan hasta un millón de euros y pueden acarrear la suspensión de la licencia de juego durante seis meses. La entrada en vigor general de la norma es de seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a excepción de ciertos artículos que, según Consumo, “por la especial complejidad en los desarrollos tecnológicos que implican”, tendrán un plazo de 12 meses.

El texto completo sobre el RD de entornos seguros de juego se puede descargar aquí.

Decreto de juego seguro