La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado aprobó este jueves, por 17 votos a favor, un voto en contra de Vox y diez abstenciones del PP, una moción de Junts per Catalunya (JxCat) por la que se insta al Gobierno a la prohibición de la publicidad del juego ‘online’ en horario infantil, que fue presentada el 22 de enero de 2020, antes de la aprobación del Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, y votada en los términos de la transaccional acordada por Junts, PSOE, ERC, PNV y Ciudadanos.

La iniciativa insta a introducir en los informes y estudios sobre esta actividad un análisis «más detallado» sobre los factores que influyen en el inicio del juego y apuestas de los menores de 18 años, el canal por el cual empiezan, sus «preferencias» y otros datos «que ayuden a evitar esta influencia» y urge a impulsar la coordinación de campañas de concienciación dirigidas a padres, profesores, escolares y entidades juveniles, respetando «en todo caso» las competencias de las comunidades autónomas.

En su turno de defensa de la moción, la portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista en la cámara alta, Asunción Castellví (JxCat) admitió que dicho real decreto, auspiciado por el Ministerio de Consumo, “ha dado respuesta a parte de las demandas” que contenía el texto inicial de la moción, por lo que su grupo se ha “auto enmendado”, eliminando tres de los puntos del texto inicial y acordando una transaccional “para juntar todas las demandas” realizadas por el resto de grupos.

Tras puntualizar que en España el 37% de los jugadores “patológicos” se iniciaron en el juego antes de cumplir los 18 años y que el 83,9% de la población “se muestra favorable a prohibir o reducir los anuncios de juegos y apuestas en línea”, aseguró que, “aunque se ha legislado para garantizar la protección de los menores en este aspecto, la práctica demuestra que siguen expuestos a este tipo de contenidos durante las horas que pueden ver la televisión, escuchar la radio, ver internet o cuando están mirando una plataforma”.

Enmiendas

En el turno de defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Socialista la senadora Aurelia Sánchez reconoció que la iniciativa de Junts “recoge un gran consenso” en torno a “una gran conciencia y sensibilidad social hacia la protección de la infancia y la influencia que pueden tener los juegos de azar y ‘online’ en menores, niños y adolescentes”, y señaló que su formación presentó una enmienda de modificación para exigir la supresión de los puntos 1, 2 y 3 del texto inicial de la moción, al entender que ya están contenidos en el real decreto, y la modificación de un cuarto punto.

En concreto, el punto 1 de la misma ya aparece recogido en su artículo 18, según el cual las comunicaciones comerciales de los operadores de juego en servicios de comunicación audiovisual “únicamente podrán emitirse de una a cinco horas” de la madrugada y, con relación al punto dos del texto de Junts, también aparece contenido en el artículo 13 del real decreto, por el que se prohíben las promociones de captación de clientes nuevos, cualquiera que fueran las condiciones de la promoción. Por su parte, el punto tres aparece reflejado en el artículo 15, que prohíbe la aparición en las comunicaciones comerciales de personas o personajes de relevancia o notoriedad pública, sean aquellos reales o de ficción.

La enmienda socialista mantenía el punto número cuatro de la moción y modificaba “una palabra” del apartado cinco, al admitir que el Ejecutivo “puede coordinar las campañas de concienciación que se realizan fundamentalmente desde las comunidades autónomas”, según la senadora, que mostró la “predisposición” socialista a poder “consensuar” una enmienda transaccional.

En el turno de portavoces, defendió la importancia de que, en este ámbito, prevalezca el “interés superior del menor por delante del interés que puedan tener las empresas y las operadoras de comunicación comercial del juego”. “Pensamos en el gran impacto y crecimiento que están teniendo las actividades de juego de azar y de apuestas ‘online’ y presenciales y también en la facilidad que hay de acceso a estos juegos”, afirmó, para valorar que exista “una regulación que garantice un equilibrio justo entre la promoción de la actividad del juego, legítima, y la necesaria protección de los consumidores frente a los riesgos que puedan contener”.

En ese sentido, defendió que el Gobierno de España “ha sido ágil y aplicado al poder desarrollar una normativa que es pionera y moderna, pero también muy valiente, en el sentido de que prima la protección de las personas frente a los riesgos que puede ocasionar una actividad que tiene que ser de ocio pero que se puede tornar perjudicial para su vida”.

“Lo más importante que recoge la normativa es la prevención de las conductas adictivas, la protección de los menores de edad y también de otros grupos vulnerables, pero también de los consumidores en general, porque la finalidad es la consecución de buenas prácticas de juego, la promoción de actitudes de juego moderado, no compulsivo y la prevención de los posibles efectos que una práctica inadecuada con el juego pudiera producir en las personas”, apostilló, para advertir de que, con esta legislación, “el Gobierno también aporta seguridad jurídica a los operadores y a los participantes en las actividades de juego”. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, que se abstuvo en la votación y que presentó enmiendas de sustitución y dos enmiendas de adición, la senadora Patricia Rodríguez criticó que la transaccional sea “realmente poco ambiciosa” y dudó de que la moción “tenga resultados óptimos”, al entender que “lo importante era valorar y evaluar el cumplimiento del real decreto que se puso en marcha”.

Respecto a las enmiendas de su grupo, defendió que “se adecúan más a las circunstancias actuales” del sector, convencida de que “antes de impulsar regulaciones o mayores restricciones, debe haber un estudio de los datos serio, transparente y basado en la evidencia científica”. “Solo de esta manera conseguiremos conocer los motivos que llevan a un individuo hacia el juego compulsivo o a tener un problema de adicción al juego”, añadió, al tiempo que exigió una “evaluación de lo que ha sido un año completo” desde que se aprobó el real decreto impulsado por el Ministerio de Consumo y propuso que este estudio sea realizado por parte del Consejo Asesor de Juego Responsable.

La senadora ‘popular’ subrayó que el juego “es una actividad legal y la gran mayoría de personas que deciden jugar o apostar no desarrollan ningún problema comportamental” y, con respecto a la segunda enmienda de adición presentada por su grupo, señaló que en ella instaba a impulsar un debate sobre el juego “basado en datos, transparente y basado en la evidencia científica” con el objeto de que “al debate público se incorpore información lo más contrastada posible para que las políticas públicas se establezcan y garanticen un efecto positivo en la sociedad”.

Junto a ella, en la última enmienda, su grupo solicitaba la puesta en marcha de una regulación “específica” sobre juego responsable y seguro y que trate “de manera equivalente a los operadores de juego público y a los operadores de juego privado” con el fin de “proteger a las personas que sufren trastornos comportamentales”.

En el turno de portavoces, lamentó no poder suscribir el texto de la transaccional porque Junts “ha aceptado bastante poco” de sus enmiendas y dijo no entender “que no consideren importante saber si, tras más de un año desde la aprobación del real decreto, se ha conseguido cumplir con el objetivo por el que se redactó o no” en aspectos como la introducción de medidas y obligaciones para prevenir, detectar y, en su caso, mitigar «fenómenos patológicos como el de la adicción al juego o ludopatía u otros riesgos o problemas asociados al juego”.

“También nos interesa saber el grado de cumplimiento por parte de los operadores del juego del propio real decreto, de lo que nada sabemos, o cómo han desarrollado los mecanismos de intervención y control de cara a detectar comportamientos de riesgo en sus usuarios”, señaló, preguntándose si “han leído el real decreto” y recordar que este “les obliga a elaborar una serie de protocolos de detección”.
La senadora también se cuestionó sobre si dicho sistema “ha funcionado”, sobre qué protocolos se han establecido por parte de los operadores del juego o si deben de ser ellos los que los diseñen e incluso sobre quién los valida, entre otros asuntos, si bien resaltó la importancia de “intensificar” campañas de concienciación, ámbito en el que confesó albergar “serias dudas con respecto a lo que hace el Gobierno”.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, José Manuel Marín (Vox), que votó en contra y presentó una enmienda de supresión y otra de modificación al texto de Juntx, justificó dichas enmiendas al entender que el Gobierno de España “no es un grupo de presión y se trataría de una solicitud de intromisión por parte del Gobierno en la actividad de instituciones privadas completamente inapropiada, tanto por las formas como por el fondo”. “El Gobierno, en todo caso, deberá hacer recomendaciones o regular mediante reglamentos en ámbitos en que fuese competente y, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, legislar”, agregó, para, a continuación, abogar por incluir en el texto la “prohibición taxativa de los incentivos al juego y apuestas que puedan generar adicción”.

Finalmente, el senador Josep Rufà (Esquerra Republicana de Catalunya) indicó que, “a pesar de las constantes regulaciones por parte de las diferentes administraciones, el juego de azar tiene más presencia que nunca” y criticó el “boom” de las casas de apuestas en línea, “especialmente de las deportivas, que hacen de este un sector especialmente peligroso”.

“Se empieza jugando de forma social, sin riesgos, hasta que se acaba generando una adicción, pero, cuando se pasa esta línea roja de la adicción, se causan problemas a amigos y a las familias”, explicó, para defender que el «juego patológico provoca alteraciones y tiene un impacto significativo en la vida directa de las personas ludópatas en este caso” y reclamar al Estado que sea “más sensible y prohíba este tipo de apuestas y la publicidad en este sector”.