El número de personas que solicitó que se le prohibiese jugar ‘online’ en 2021 en España aumentó un 13,64% respecto al año anterior, con un total de 7.640 nuevas personas que demandaron, voluntariamente, ser inscritas en el registro de interdicciones del juego ‘online’. Según los últimos datos publicados por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), la cifra global de personas que pidió que se le prohibiera acceder a juegos de azar a través de Internet fue de 63.646 en 2021, frente a las 56.006 de 2020, tal y como anunció este sábado el Ministerio de Consumo en un comunicado.

Por comunidades autónomas, Islas Baleares es la que presenta el mayor incremento de autoprohibidos, pasando de 1.179 a 1.480 en un solo año, lo que implica una subida de un 25,53%. Le siguen Región de Murcia, con un aumento del 22,44% (de 2.562 a 3.137 personas inscritas); Comunidad Valenciana, con un 22,21% (de 3.677 a 4.494); Navarra, con un 20,33% (de 531 a 639), y Castilla-La Mancha, con un 19,99% (de 2.791 a 3.349).

A continuación, se sitúan la Comunidad de Madrid, cuyo registro de autoexcluidos ha aumentado un 16,77% (de 9.515 a 11.111); La Rioja, con un 15,56% (de 469 a 542); Cantabria, con un 14,89% (de 349 a 401); País Vasco, con un 14,80% (de 1.027 a 1.179); Cataluña, con un 14,29% (de 4.588 a 5.244); Principado de Asturias, con un 10,99% (de 928 a 1.030); Canarias, con un 10,77% (de 1.104 a 1.223); Andalucía, con un 10,09% (de 13.737 a 15.124) y Aragón, con un 10,08% (de 5.223 a 5.750). Consumo considera “menos significativos, aunque también destacables”, los incrementos de autoprohibidos registrados en comunidades como Castilla y León, con un 9,48% (de 3.395 a 3.717); Galicia, con un 9,38% (de 1.385 a 1.515) y Extremadura, con un 7,97% (de 1.731 a 1.869), así como en las ciudades autónomas de Melilla, con un 7,93% (de 126 a 136) y Ceuta, con un 6,93% (de 101 a 108). El departamento de Alberto Garzón puntualiza que la inscripción en un registro de prohibidos es un derecho de los ciudadanos que, a petición de la persona interesada, impide el acceso a aquellos juegos ‘online’ o presenciales sobre los que la administración pública competente haya determinado la necesidad de identificación previa del jugador.

En el caso de que la inscripción se realice en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) de la DGOJ, la prohibición afectará al juego ‘online’ y loterías, mientras que, si se hace en los registros de las comunidades autónomas, se “bloqueará” el acceso presencial a aquellos juegos de azar y apuestas donde la respectiva normativa autonómica determina la necesidad de comprobar la inexistencia de inscripción.Por este motivo, el Ministerio de Consumo trabaja con las administraciones autonómicas en la firma de convenios de interconexión con el objetivo de mejorar la coordinación entre registros y “avanzar en la lucha contra la ludopatía”, según aseveró el gabinete de Garzón, que explicó que, de esta manera, se “evitará” que una persona que esté en el registro de autoprohibidos de una comunidad autónoma pueda jugar en otro territorio.