La primera mesa reunió a representantes regulatorios de Brasil, Castilla-La Mancha y la DGOJ. Se defendió la necesidad de coordinación entre agentes y se señaló un reto recurrente para la supervisión: cuando no hay suficiente transparencia o acceso a datos, parte del funcionamiento del mercado queda “en caja negra”, lo que limita la capacidad del regulador para ajustar medidas a la realidad. La conversación puso énfasis en la protección de menores y adolescentes y en un giro hacia políticas más proactivas: además de la búsqueda voluntaria de ayuda, el regulador impulsa herramientas preventivas y de protección. Se destacó que el juego online, al ser menos anónimo, facilita conocer patrones de conducta y aplicar estrategias diferenciadas según intensidades de juego. Junto a ello, se valoró el cambio hacia un marco publicitario más regulado y se insistió en que las medidas deben ser efectivas sin deteriorar innecesariamente la experiencia del usuario. El balance final fue de avances significativos, pero con margen claro de mejora para consolidar un mercado plenamente seguro.

La segunda mesa (COLJUEGOS de Colombia, CIRSA y DGOJ) abordó cómo alinear políticas entre jurisdicciones. Colombia compartió su interés por una regulación más sostenible y efectiva, con pruebas de test de autodiagnóstico y mecanismos de autoexclusión, y señaló la escala del fenómeno (cerca de 10 millones de personas inscritas en plataformas de juego), además de su voluntad de aprender de la experiencia española y europea. Un eje central fue el equilibrio: proteger al jugador sin empujarlo fuera del mercado regulado. Se advirtió que regulaciones excesivamente duras pueden favorecer el desplazamiento a ofertas ilegales con menor control.

La tercera mesa reunió a la SCJ de Chile, Grupo Codere y ANESAR. En términos generales, el panel permitió confrontar la mirada fiscalizadora con la visión operativa y asociativa del sector, subrayando la importancia de estándares de cumplimiento y de una cooperación estable para materializar la “responsabilidad compartida”. Codere mencionó la conveniencia de evitar discursos mediáticos alarmistas y el uso de analítica avanzada (incluida inteligencia artificial) para identificar patrones de comportamiento y orientar intervenciones preventivas proporcionadas.

La mesa final (FEJAR, Portugal, Puerto Rico y ONCE) se centró en avanzar hacia una red iberoamericana de atención. Oscar Castro de ONCE señaló que los sistemas públicos están más preparados para adicciones con sustancia que para adicciones comportamentales, por lo que las entidades especializadas suelen cubrir vacíos asistenciales. Por su parte FEJAR destacó la importancia del seguimiento a largo plazo en rehabilitación y puso el foco en retos como la oferta offshore y la relación entre vulnerabilidad financiera y microcréditos.

En este contexto, la DGOJ anunció el lanzamiento de “Stop Juego”, una nueva herramienta pública de prevención diseñada para bloquear el acceso al juego tanto en entornos online como presenciales cuando el propio usuario así lo requiera.

Una app para prevenir el juego problemático en España.
A través de una publicación en LinkedIn, la DGOJ presentó oficialmente “Stop Juego”, una aplicación disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android, cuyo objetivo principal es combatir el juego problemático y reforzar los mecanismos de protección al jugador.

La herramienta permite a los usuarios inscribirse de manera voluntaria en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, bloqueando así su participación en actividades de juego. Esta restricción se aplica tanto a plataformas online como a establecimientos presenciales que cuentan con control de acceso mediante identificación, como casinos, bingos y salones de juego.

El proceso de inscripción puede realizarse directamente desde el teléfono móvil y se valida mediante un sistema de identificación digital. La aplicación ya se encuentra disponible para su descarga en App Store y Google Play, facilitando el acceso a esta medida de prevención desde cualquier punto del país.

1) ENJEU Mineurs (ARPEJ/SEDAP)

ENJEU Mineurs es una investigación nacional sobre la práctica de juegos de azar en población adolescente (15–17 años) que combina encuesta y análisis cualitativo. Los resultados sitúan en torno a un tercio la proporción de menores que declara haber jugado en los últimos 12 meses, y muestran que el rasca ocupa un lugar central dentro de esas prácticas. Un hallazgo especialmente relevante es que la iniciación se produce a edades tempranas y, con frecuencia, en el entorno familiar. Además, el estudio subraya el peso del entorno digital (redes sociales, contenidos y prescriptores) como vía de exposición a mensajes que pueden influir en creencias y expectativas sobre el juego. En términos de riesgos, el informe emplea indicadores compatibles con pérdida de control y daño, ofreciendo una base empírica para reforzar la prevención específica en menores y en los contextos donde se inicia la conducta.

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2) Encuesta Toluna – Harris Interactive (diciembre 2024)

Esta encuesta online examina la percepción social sobre ofrecer juegos de rasca a menores (por ejemplo como detalle navideño). Los resultados apuntan a una normalización de la práctica: una parte significativa de la población reconoce haberlo hecho alguna vez y otra declara intención de hacerlo en fechas señaladas. Al mismo tiempo la mayoría considera que el juego de azar puede ser peligroso para los niños, existiendo riesgo de desarrollar adicción, incluso entre quienes han ofrecido rascas a menores. Esta combinación (percepción de riesgo + continuidad de la práctica) sugiere que el “rasca como regalo” se interpreta a menudo como algo menor o familiar, debilitando la norma preventiva.

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3) Étude sur les jeux de grattage en France (Universidad Concordia, 23 de junio de 2025)

Este informe analiza el rasca en población adulta con una muestra amplia, explorando hábitos y riesgos asociados. Entre sus conclusiones destaca que el riesgo no es homogéneo: aumenta con determinados patrones de participación y la preferencia por niveles de gasto más altos. El estudio también discute elementos de diseño y experiencia de juego en el entorno online que pueden favorecer una práctica más intensa, así como el papel de la publicidad y las estrategias promocionales, cuya influencia declarada tiende a crecer conforme aumenta el nivel de riesgo.

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En su intervención, Cabañas explicó cómo la ONCE evalúa la eficacia de sus campañas y presentó un caso de éxito. Actualmente, la ONCE es la quinta empresa con mayor inversión publicitaria en España y realiza una media de 13 campañas multimedia al año. Para asegurar un uso eficiente del presupuesto, llevan a cabo pretest y postest publicitarios con medición crossmedia mediante audiomatching. En el pretest se realizan cuatro grupos de discusión online para valorar si la campaña impulsa a la acción, es coherente con la marca ONCE y, sobre todo, cumple la normativa de Juego Responsable. Sobre este último punto, Cabañas señaló que la ONCE nunca muestra en sus campañas a personas menores de 25 años (ni a quienes aparenten menos edad) y evita el uso de imágenes asociadas a dinero o lujo. Para el postest publicitario se administran unas 800 encuestas online con el fin de medir el impacto de la campaña. Además, la ONCE utiliza una medición avanzada basada en tecnología de audiomatching, que transforma cualquier audio en un patrón de “huella digital”. A través de una aplicación instalada en los móviles de los participantes, se monitoriza si han estado expuestos a las campañas objetivo. Este sistema permite estimar la cobertura real por medio, el alcance entre plataformas y el impacto de cada campaña a nivel individual.

Como ejemplo, Cabañas presentó la campaña del cupón diario de 2023, “Bienvivir”. Con ella, la ONCE buscaba reforzar el vínculo emocional con sus clientes, aumentar las ventas y modernizar la marca. Para lograrlo, realizaron estudios de investigación orientados a comprender mejor al público y definir un nuevo territorio de comunicación. De ese análisis surgió el concepto “Bienvivir”, con el que el público objetivo se identificó claramente y que terminó convirtiéndose en un éxito.

La ponencia completa puede verse en YouTube (minutaje 41:55–50:40):

Los reguladores coinciden en que la naturaleza “sin fronteras” del entorno digital y la “velocidad” de los avances tecnológicos “facilitan” que operadores no autorizados “eludan” la supervisión regulatoria, “incrementando los riesgos” para las personas consumidoras y “afectando a la integridad del mercado regulado”. “Una de las principales preocupaciones compartidas es la creciente presencia de publicidad de operadores ilegales en redes sociales, plataformas de vídeo y redes de afiliación, lo que permite dirigirse a usuarios de múltiples jurisdicciones sin respetar sus normativas nacionales y exponer a la ciudadanía, incluidos menores y otros grupos vulnerables, a riesgos significativos”, apostilló el ministerio.

En lo que respecta a las líneas de acción prioritarias, el acuerdo establece un marco de cooperación “firme” basado en tres “ejes de acción estratégicos:”, como son intercambio de información entre reguladores sobre operadores ilegales; reclamación conjunta a plataformas digitales y redes sociales para “reforzar” mecanismos de control y “evitar la difusión de publicidad de operadores no autorizados” y “refuerzo” del intercambio de conocimientos y “mejores prácticas para la identificación, investigación y sanción de actividades ilegales”. “Este enfoque permitirá agilizar la detección de actividades ilícitas, mejorar la capacidad de respuesta de cada jurisdicción y actuar frente a estas prácticas ilegales que trascienden las fronteras nacionales”, agregó el ministerio. Aunque el acuerdo se adoptó en la reunión previa realizada en la sede de la DGOJ, la cooperación entre reguladores europeos quedó también reflejada en el I Congreso Internacional de Juego, organizado por la DGOJ y celebrado los días 13 y 14 de noviembre. En la mesa ‘Retos y perspectiva de la regulación del juego en Europa’ participaron reguladores de Italia, Alemania, Reino Unido y España, que expusieron la situación del sector, los desafíos regulatorios y las estrategias de protección del jugador en sus respectivos países.

“Estas intervenciones mostraron la diversidad de enfoques regulatorios en Europa y la necesidad creciente de alinear esfuerzos frente al juego ilegal online, un reto común para todos los participantes de la mesa”, sentenció el ministerio. Por último, indicó que los reguladores firmantes subrayaron que la declaración conjunta representa un “avance decisivo” para “reforzar” la “integridad” del sector regulado y “proteger a la ciudadanía frente a los riesgos asociados al juego ilegal online

En concreto, el mecanismo que propone Consumo toma como referencia para su configuración y diseño los microdatos que reflejan el comportamiento real en las plataformas de juego de personas diagnosticadas médicamente con trastorno de juego, pasando a “modelizar los mismos para poder identificar el riesgo de juego problemático de personas que juegan online”.

De esta manera, se ofrece un mecanismo “pionero” en materia de detección precoz ya que, hasta ahora, estos mecanismos son desarrollados por cada operador de forma autónoma, no existiendo ni herramientas ni datos homogéneos sobre la eficacia de los mismos, lo que, según el ministerio, “hace que la detección media sea de entorno al 3% de las personas que juegan”. De acuerdo con los cálculos realizados Consumo, esta herramienta aumentaría hasta en 10 puntos los porcentajes de detección actuales, tanto por la eficacia del modelo, al basarse en microdatos reales, como por la capacidad de “homogeneizar” los mecanismos de detección de riesgo que deben usar los operadores.

En este contexto, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, subrayó la importancia de aplicar la tecnología al servicio del bienestar social y definió este algoritmo como “una herramienta revolucionaria, tanto en la concepción de desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia científica, como en los positivos efectos que sin duda va a tener para la protección de las personas con riesgo de juego problemático y sus familias”. La herramienta continúa ahora con el procedimiento normativo habitual, que implicará la obligación de su uso para todos los operadores de juego. Este mecanismo de detección estaba previsto en el Real Decreto 176/2023, de 14 de marzo, por el que se desarrollan entornos de juego más seguros, en el que ya se venía obligando a los operadores a adoptar mecanismos de detección de comportamientos de riesgo en el juego online, así como a adoptar medidas de protección hacia los jugadores.

Para ello, las ‘loot boxes’ ofrecen la opción de que, por poco dinero, se consigan premios aleatorios en un videojuego que contengan algún elemento que el jugador está buscando, como puede ser, por ejemplo, un futbolista, una carta o un efecto. Todo ello, tal y como advirtió Consumo, a pesar de que la probabilidad indica que “no se suele lograr el premio deseado” y, con ello, “incentivando” así que los jugadores, que en muchas ocasiones son menores de edad, “tengan que volver a pagar para intentarlo de nuevo, o tengan que dedicar muchas más horas al juego para obtener esa recompensa”.

En el vídeo que protagoniza la campaña, varios niños ensalzan las oportunidades que, a su juicio, representan estas cajas botín para mejorar su experiencia, mientras la voz en off de un adulto subraya que “están cada vez más presentes en videojuegos dirigidos a menores” y, “en vez de premiar su habilidad o su esfuerzo, muchas prometen recompensas inciertas a cambio de dinero real”. En este contexto, Consumo puntualizó que, según un estudio de la UNIR, un 30,4% de los 6.603 españoles de entre 11 y 30 años encuestados para su elaboración había comprado al menos una caja botín en el último año y, entre los menores, el porcentaje es el 28,9%. Además, la investigación señala que las ‘loot boxes’ funcionan como “bisagra” entre los problemas de adicción a los videojuegos y a las apuestas online, dado que, según resaltó la cartera de Bustinduy, “es 4,5 veces más frecuente que quien adquiere estas cajas en el último año tenga problemas con las apuestas”.

Por otra parte, un estudio de 2020 de la Universidad de Nueva York reflejó que más del 58% de los juegos para móvil de Google Play e iPhone ya contenían estos mecanismos de recompensa aleatorios, que, según el ministerio, “pueden aparecer de manera aparentemente inocente” en formato de cofre, sobre, ruleta, animal o caja, “contribuyendo, con estas apariencias, a un comportamiento de riesgo y a la normalización de los juegos de azar desde edades muy tempranas”. El departamento de Bustinduy recordó que esta campaña se enmarca en el “compromiso” del Gobierno por la creación de un entorno digital “seguro”, donde el ocio “no explote la vulnerabilidad de la infancia y donde el juego pueda practicarse en condiciones seguras que eviten la reproducción de conductas problemáticas”. “De esta manera, España se alinea con las autoridades europeas de Consumo que desde 2023 vienen alertando de los riesgos que representa el uso de las cajas botín en la industria del videojuego para las personas consumidoras, especialmente las más jóvenes”, abundó.

La campaña se suma, además, a las últimas iniciativas de Consumo para garantizar un entorno digital seguro, como la normativa que regulará que los operadores adviertan sobre los riesgos del juego online o la prohibición de los bonos bienvenida, contemplada en la futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela, texto que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados tras haber sido aprobado por el Consejo de Ministros. De este modo, el ministerio de Bustinduy busca dar “respuesta” a los datos que recientemente se han conocido en relación con las conductas de juego y percepción de riesgos en la población escolar.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 alertó este miércoles de que más de la mitad de los escolares no está informado sobre los problemas de las apuestas en el entorno educativo. Así lo desvela un análisis específico que ha realizado sobre los datos del juego en menores que arroja la Encuesta Estudes, elaborada por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones y que se realiza entre estudiantes de 14 a 18 años que cursan Enseñanzas Secundarias, tal y como precisó en un comunicado el gabinete que dirige Pablo Bustinduy.

De la evaluación de este estudio, que ha sido llevado a cabo por la Dirección General de Ordenación del Juego, se desprenden, según el departamento de Bustinduy, “riesgos significativos” como la falta de formación específica sobre la prevención de conductas problemáticas de juego. La encuesta manifiesta que casi la mitad de la población escolar encuestada, el 48,4% de los estudiantes, afirma haber recibido información sobre los problemas y los riesgos del juego y las apuestas, un dato que contrasta con la formación recibida en los centros educativos sobre otros ámbitos como el mal uso de las nuevas tecnologías (74%) o el consumo de drogas legales (72,3%).

En paralelo, otro dato sobre el que Consumo “pone el foco” en su análisis es que el 19,8% de los encuestados admite haber jugado con dinero en alguna ocasión y que la mayoría de estos juegos fueron presenciales (un 16,6% frente al 9% online), siendo este el tipo de juego que más crece a medida que aumenta la edad. Según el ministerio, “así lo indican los datos”, puesto que el porcentaje de estudiantes de 14 años que juegan con dinero de manera presencial es del 13%, pero se “dispara” al 19,5% al llegar a los 17 años, especialmente entre los chicos (26,8% frente al 12,6% de chicas).

El estudio también incide en el inicio temprano en la actividad del juego, ya que los datos muestran que la edad media de inicio ronda los 14 años (13,9), lo que para Consumo revela “un comienzo muy prematuro en este tipo de prácticas”. En cuanto a frecuencias de juego, la conclusión es, a su entender, “más positiva” dado que casi dos tercios de los jóvenes que han declarado jugar (el 62,5%) dicen haberlo hecho solo con periodicidad anual y la mayoría (63,2%) no gastó más de seis euros en un solo día.

Sin embargo, Consumo advierte de que un 3,7% presenta “indicadores de juego problemático repitiéndose las diferencias de género”, al “triplicar” los hombres (5,5%) a las mujeres (1,9%) en la prevalencia de juego problemático. Con respecto a este juego problemático, según la cartera de Bustinduy, se observa que los juegos del tipo III (Apuestas, Máquinas de azar y Juegos de cartas) presentan “mayor riesgo de posible juego problemático” (un 26%) que los otros dos tipos, con un 19% de riesgo en los juegos tipo I (Loterías y Quinielas) y un 18%, en los juegos tipo II (Loterías instantáneas y Bingo).

Por otra parte, los juegos de tipo III son los que “concentran mayor riesgo de juego problemático”, incluyendo las apuestas hípicas, en eSports y las máquinas de azar, “mostrándose que la peligrosidad se incrementa cuanto mayor es la frecuencia de juego y la cantidad de dinero gastada”, abundó el ministerio.

A partir de este análisis, Consumo indicó que este estudio “supone una importante herramienta” para “identificar con claridad” los “riesgos” del juego en la población más joven, con el fin de “actuar de forma más efectiva en la prevención del inicio temprano y las prácticas de juego problemático en menores”.

Enlace a la Encuesta Estudes: clic aquí

Así lo advirtió durante su comparecencia en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones para exponer su opinión sobre la problemática de las adicciones en el momento actual, en la que criticó que la industria “ha metido a todos los muchachos un casino en el bolsillo 24 horas 365 días al año”, lo cual, a su juicio, “conlleva un peligro inminente”, razón por la que estimó que “deben tomarse cartas en el asunto”.

En este contexto, desgranó algunos de los datos del ‘Informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos 2024’, del Plan Nacional sobre Drogas, y señaló que el 11,4% de menores de 14 a 18 años jugó en 2023, cuando en 2021 era el 10,8%, cifras que valoró como “muy preocupantes”, teniendo en cuenta, además, que “lo hacen ilegalmente” y la “mayoría” de ellos, valiéndose de la suplantación de identidad, contra la que llamó a “tomar medidas”. Tras aseverar que hay “casi 17 tipos de controles de acceso”, en referencia a los sistemas implantados por cada comunidad autónoma, puntualizó que no debería haber “ningún juego” al que “pueda jugar cualquier persona”, incluyendo a menores y autoprohibidos y puso como ejemplo las máquinas tragaperras, a las que cualquiera puede acceder sin “ninguna cortapisa”.

De otro lado, también resaltó la importancia de “no despistarnos con los videojuegos” o las criptomonedas y que el juego público “debería ser ejemplar” en cuanto a mejorar el control de acceso. El responsable de Fejar recordó, además, que alrededor del 1,4% de la población de 15 a 64 años, unas 450.000 personas, alrededor de 80.000 de ellas menores de edad, mostraría un posible “juego problemático”, dato que, dijo, es “para tener en cuenta”, convencido de que “si estuviéramos hablando de cualquier otra patología, se tomarían medidas”.

En cuanto a “retos de futuro”, hizo hincapié en la importancia de mejorar la financiación de entidades como Fejar, teniendo en cuenta que en sus asociaciones reciben tratamiento “al menos” la mitad de las personas tratadas por adicciones en España, pese a lo cual apenas recibe el 15% de los recursos, algo que, a su entender, “habría que corregir”. A su vez, denunció que legislación y regulación son “demasiado lentas”, hasta el punto de que, según su punto de vista, “cuando quieren salir todos los reglamentos, habría que cambiar o retocar la ley”. En este punto, aunque reconoció que la ley de juego “no es muy antigua, hay que darle una vuelta”, teniendo en cuenta que, cuando fue aprobada, en 2011, “no teníamos ni idea del juego online”, mientras hoy en día “sabemos lo que es y las consecuencias que trae”.

El responsable de Fejar aseguró que la entidad no está “para nada en contra del juego” ni cree que “fuera bueno prohibir todo el juego en España”, si bien defendió que “el que quiera jugar, que juegue y el que no pueda, que tenga las herramientas para no jugar”. En este sentido, en cuanto al registro de autoprohibidos, abogó por que las comunidades autónomas se “pongan de acuerdo en unos mínimos”, consciente de que “no puede haber 17 registros de interdicciones, porque el que tiene trastorno de juego lo tiene en Sevilla y lo tiene en Madrid” y de que “no se entiende” por qué “la mitad del territorio tiene su propio registro y no interconecta con el nacional”.

En referencia al decreto de publicidad de actividades del juego, aprobado por el exministro Alberto Garzón, coincidió en que todas las medidas “coercitivas” que “prevengan aumentar la prevalencia de ludopatía o que no haya recaídas en el proceso de recuperación” son “siempre bienvenidas”.